En siete días, el Instituto Nacional Electoral (INE) perdió a su consejera presidenta y a 18 funcionarios, entre ellos directores ejecutivos y los responsables de informática, recursos materiales y asuntos jurídicos. Guadalupe Taddei Zavala renunció el 26 de octubre. El Órgano Interno de Control del instituto tiene 18 expedientes abiertos y 13 en investigación. A ocho meses de que arranquen las etapas formales del proceso electoral de 2027, el organismo que lo organiza está sin cabeza y con su estructura administrativa descabezada.
Esta casa editorial no da por probada ninguna responsabilidad individual. Las personas señaladas conservan la presunción de inocencia y corresponde a las autoridades competentes resolver, con pruebas, qué ocurrió en la asignación de contratos de materiales electorales. Lo que sí está documentado es un hecho institucional: el INE admitió que sus propios consejeros no tenían acceso a los contratos hoy bajo sospecha.
El problema no son las renuncias
Una institución que pierde a 18 funcionarios en siete días no tiene un problema de personas: tiene un problema de controles. Si la máxima autoridad colegiada del instituto no podía consultar los contratos que firmaba su área administrativa, entonces el diseño interno permitía que decisiones de cientos de millones de pesos ocurrieran fuera del alcance de quien debía vigilarlas.
Ese diagnóstico no se resuelve con salidas. Las renuncias retiran a los señalados, pero dejan intacto el mecanismo que hizo posible la opacidad. Y dejan además un costo operativo inmediato: las áreas que producen credenciales, compran material electoral y sostienen los sistemas informáticos del instituto están hoy en manos de encargados de despacho.
Dos riesgos simultáneos
El primero es el vacío. Sin consejera o consejero presidente, el Consejo General funciona, pero sin la figura que representa al instituto, encabeza la Junta General Ejecutiva y conduce la relación con los organismos locales en los estados que renuevan gubernatura en 2027.
El segundo es la captura del proceso de relevo. La designación de una nueva presidencia corresponde a la Cámara de Diputados, en un momento en que el instituto está políticamente debilitado y en que todos los partidos tienen un interés directo en quién organiza su siguiente elección. Un nombramiento hecho con prisa, o negociado en lo oscuro, sustituiría un problema de credibilidad por otro.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió una auditoría y afirmó que no puede haber sombra de corrupción en el INE. Es la posición correcta. Pero una auditoría mira hacia atrás; el relevo mira hacia adelante, y es el que corre contra el calendario.
La petición
Esta casa editorial pide a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que la Cámara publique antes de que concluya noviembre de 2026 la convocatoria y las reglas del proceso de designación de la presidencia del INE, con tres elementos verificables: el calendario completo de etapas, la integración y los criterios del comité técnico de evaluación, y el compromiso de que las comparecencias de las personas aspirantes sean públicas y transmitidas en su totalidad.
No se pide una persona ni un perfil. Se pide un procedimiento que pueda mirarse. El antecedente de esta crisis es precisamente el de decisiones que nadie podía mirar.
Lo que seguirá midiéndose
El Órgano Interno de Control deberá informar el desenlace de sus 13 investigaciones abiertas. La Auditoría Superior de la Federación puede incluir los contratos en su programa de revisión. Y la Cámara de Diputados tiene en sus manos una decisión cuyo plazo real no lo fija la política, sino el calendario electoral de 2027.
