Doce personas murieron en menos de 24 horas en el Centro Penitenciario El Castillo, de Mazatlán, a raíz de dos riñas. Una de las víctimas es un niño de dos años que había ingresado de visita el jueves 8 de octubre, durante un enfrentamiento armado. Dos días más tarde, el gobierno federal dio a conocer que construirá una cárcel nueva, de la que no se han difundido monto, plazo, capacidad ni ubicación. Siguen sin respuesta dos preguntas: quién permitió que hubiera armas dentro de un penal del Estado y qué custodios y mandos responderán por ello.
Lo que se sabe
De acuerdo con Publimetro, en la primera riña murieron diez personas, entre ellas nueve internos y el niño, que estaba con su familia, y 16 más resultaron heridas. En la mañana del viernes 9, otro altercado en un módulo costó la vida a dos internos adicionales. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó inicialmente, según Grupo Animal, que un grupo de hombres con armas de fuego de grueso calibre «ingresó de manera violenta al penal». Ese primer balance sumaba diez internos y una visita; informes posteriores corrigieron el total a nueve internos y el niño. La Fiscalía General del Estado tiene a su cargo las indagatorias.
moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario
La misma dependencia afirmó en ese comunicado que el penal estaba «bajo control» y, según Publimetro, agregó que «el resto de la población penitenciaria se encuentra bien». Con esas palabras buscó calmar a las familias, aunque equivalen a declarar bajo control una cárcel en la que habían muerto una decena de personas. Dos más murieron al día siguiente.
Una pregunta sin respuesta
Dentro de un módulo, las armas no llegan por sí solas. Debieron atravesar la revisión de acceso del penal y sus registros de entrada, o ser introducidas con apoyo de alguien que tuviera llaves, turno y firma. Y si en realidad irrumpió un comando, como apunta el reporte inicial, la interrogante sigue siendo similar: cómo pudo un grupo armado alcanzar a la población de un penal estatal sin ser frenado en la puerta.
En cualquiera de los dos casos hay responsables, con nombre y cargo, en el sistema penitenciario sinaloense. Entre las fuentes que Infox consultó, ninguna reporta al 12 de octubre a un funcionario suspendido o señalado por la Fiscalía. Hay un antecedente: según la misma nota de Grupo Animal, el 26 de junio de 2025 una riña en el penal de Aguaruto, en Culiacán, causó un muerto y tres heridos.
La cárcel prometida
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó el 10 de octubre en X, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la federación edificará en Sinaloa y con recursos propios un centro penitenciario «moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario», informó Expansión Política. No precisó cifra, fecha, capacidad ni terreno. Entretanto, El Castillo es reforzado por la Guardia Nacional y por personal del órgano federal de Prevención y Readaptación Social, y las visitas de familiares se retomaron el sábado 10 y siguieron el domingo 11.
En favor del anuncio hay un argumento de peso: una cárcel federal suele tener controles de acceso más rigurosos y personal menos expuesto a las presiones de grupos criminales locales, y pasar a los internos más peligrosos a ese lugar podría romper el nexo entre la calle y el módulo. A ello se suma que la Fiscalía apenas lleva cuatro días con el caso, y que pedir culpables de inmediato abre la puerta a fabricarlos.
Aun así, queda sin explicar lo sucedido el jueves. No es posible evaluar ni fiscalizar un penal sin presupuesto ni calendario, y anunciarlo mueve el foco de lo que falló hace cuatro días a un futuro sin fecha. Una investigación penal puede durar meses; dar a conocer quién estaba de guardia, por qué acceso pasaron las armas y qué medidas administrativas recibieron los encargados de la custodia no requiere sentencia alguna.
Sinaloa, ese mismo fin de semana
El estado donde está El Castillo vive desde el 9 de septiembre de 2024 la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa. El domingo 11, en el centro de Escuinapa, fue asesinado a balazos José Francisco López Bribiesca, coordinador municipal de Protección Civil. Horas antes había visitado, junto con el alcalde Víctor Díaz Simental, las comunidades de Teacapán, Isla del Bosque y Dámaso Murúa para supervisar zonas de riesgo, de acuerdo con Milenio. Nadie ha sido detenido.
Con datos del Gabinete de Seguridad, Latinus contabilizó 140 homicidios en el país del viernes 9 al domingo 11. Sinaloa ocupó el primer lugar el viernes y el domingo, con diez casos en cada jornada, y los 57 asesinatos del domingo son el total diario más alto desde el 12 de julio.
Lo que Infox pide
Infox pide cuatro cosas concretas. La primera es que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informe en 30 días cómo entraron las armas a El Castillo, por qué acceso y en qué turno, y si hay custodios o directivos bajo investigación. La segunda, que la SSP estatal haga pública la cadena de mando responsable del penal el 8 de octubre y aparte del cargo, durante la indagatoria, a los encargados de la aduana y de los módulos donde se disparó.
La tercera, que la Secretaría de Seguridad federal detalle por escrito el penal ofrecido: monto, ubicación, capacidad y fecha de apertura. La cuarta, que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa abra una queja de oficio por la muerte de un niño en una instalación del Estado.
La familia del niño ingresó al penal con la expectativa de que el Estado controlaba el acceso. Hasta el 12 de octubre, la Fiscalía no había señalado a ningún funcionario por la entrada de las armas.