El gobierno de Jalisco mantiene que no hay alerta por el agua; la Policía Estatal dispersó con gas una marcha

El gobierno de Jalisco no ha declarado alerta sanitaria, aunque desde hace siete meses el agua que llega a cientos de colonias de cinco municipios de la zona metropolitana de Guadalajara presenta problemas. El domingo 11 de octubre, miles de personas que caminaron de la Minerva a Casa Jalisco para exigir agua limpia terminaron dispersadas con gas lacrimógeno.

Un caso ilustra la situación. El 3 de octubre, a Fernanda, residente de Jardines del Bosque, en Guadalajara, le recetaron betametasona inyectable. Su resumen dermatológico detalla una urticaria aguda «intensamente pruriginosa» que se manifestó luego de que ella notó que el agua de la red de su casa estaba en malas condiciones. Telediario documentó el caso y LabCSA lo retomó; la recomendación médica es la que el gobierno estatal no ha emitido en siete meses: «evitar una nueva exposición al agua señalada y utilizar una fuente de calidad sanitaria verificada».

no existe alerta sanitaria

Su colonia está lejos de ser periférica. El Informador publicó que Jardines del Bosque forma parte de las 342 colonias, junto con Providencia, Country Club y Chapalita Sur, en las que el SIAPA aplicará un descuento de 80 % al recibo de septiembre y octubre por el agua turbia. La afectación abarca cientos de colonias de cinco municipios y no se limita a los bordes de la ciudad.

Durante esos siete meses, el gobierno estatal dispuso de datos, alertas y recomendaciones para intervenir. Salud reportó a la CEDHJ un exceso de casos de diarrea, y varios meses después negó en público que hubiera algún aumento fuera de lo normal. El número oficial de colonias afectadas pasó de 176 a 342, en tanto la CEDHJ ya registraba 600. El gobierno señala hoy como causa una fuente que había sido objeto de una queja ante la CEDHJ en 2022 y que dejó de usarse en octubre de 2026. A ello se suma que la mayoría del Congreso impidió la comparecencia del secretario de Salud.

Salud registró el exceso desde febrero

El documento más revelador no lo elaboró un activista, sino la Secretaría de Salud misma. Mediante un oficio remitido a la CEDHJ, que forma parte de la Recomendación 10/2026, la dependencia indicó que en el área metropolitana, «a partir de la semana epidemiológica 6, la línea de casos incidentes se encontraba por encima de la media sin alcanzar la zona de brote en el canal endémico respecto a los últimos 7 años». El oficio trata de la enfermedad diarreica aguda. La semana epidemiológica 6 es la segunda de febrero, o sea, antes de que los reportes vecinales sobre agua café llegaran a las noticias.

En ese mismo oficio, Salud reconoció que desconocía cuáles colonias se abastecían con agua de la presa Las Pintas, que meses más tarde el gobierno señalaría como el origen del problema. Los casos de diarrea aumentaban sin que la autoridad sanitaria supiera a qué hogares llegaba el agua bajo sospecha.

Las advertencias posteriores

A finales de febrero empezaron a conocerse reportes de agua café y de mal olor. En marzo, el SIAPA aceptó que el problema tocaba a entre 9 % y 10 % de las 1,840 colonias bajo su cargo, y lo adjudicó a descargas clandestinas en el abastecimiento del Sistema Antiguo, que data de 1956, indicó El Imparcial.

Académicos de la Universidad de Guadalajara pidieron el 18 de marzo que se emitiera una alerta sanitaria. La investigadora Aida Alejandra Guerrero de León dijo haber encontrado en Tonalá y el oriente de Guadalajara niveles de turbiedad próximos a 40, cuando la norma, según señaló, permite como máximo tres. Advirtió sobre la presencia de algas en la presa Calderón con capacidad de liberar microcistinas y de parásitos como Giardia, y declaró a Milenio que «la emergencia sanitaria y biológica es inminente».

Durante abril, el ITESO y Resistencia Civil por el Valle, organización civil, analizaron muestras de 27 colonias. En 41 de 42 de ellas (97 %), el agua no contaba con el cloro residual adecuado. Proceso reportó los hallazgos: E. coli en 2 de 21 pruebas bacteriológicas, y en las muestras fluoruros (17), nitratos y nitritos (8), aluminio (7) y plomo (3). Grupo Animal subraya que, conforme a la NOM-127-SSA1-2021, el agua de consumo humano no puede presentar E. coli ni coliformes fecales.

Al 5 de octubre, el IMDEC, en su monitoreo ciudadano, acumulaba 256 muestras de 110 colonias en cinco municipios: se halló mercurio en 17, plomo en 32 y coliformes fecales en seis puntos de cuatro colonias. El Informador, que da la cifra, no precisa qué laboratorio hizo los análisis.

Estas advertencias no desembocaron en ninguna alerta sanitaria. Pasados siete meses, Infox no localizó análisis de calidad del SIAPA divulgados por colonia que los refuten.

Dos mensajes en dos días y una negativa vigente

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, aseguró el 6 de julio que la vigilancia epidemiológica no mostraba incrementos inusuales de padecimientos gastrointestinales, conjuntivitis ni afecciones de la piel. Su sustento fue el conteo de casos gastrointestinales del año: 54,869 al 3 de julio, por debajo de los 56,448 de 2025 en ese mismo lapso, de acuerdo con Crónica Jalisco.

Un día más tarde, la dependencia pidió a los habitantes que «eviten consumir agua de la llave y utilicen exclusivamente agua de garrafón o embotellada para beber, cocinar, lavarse los dientes o preparar alimentos», según 24 Horas. Si el agua no suponía riesgo, la petición no tenía sentido; si lo suponía, el desmentido del día anterior daba datos erróneos.

Los propios documentos de Salud tampoco respaldan el razonamiento numérico del secretario. Un total anual puede disimular un problema que se concentra en ciertas colonias. De ahí que el oficio enviado por la Secretaría a la CEDHJ empleara el canal endémico metropolitano, otra herramienta, con la que sí se observaba un exceso de diarreas desde febrero.

Proceso informó que el 7 de octubre, cuando la presa Las Pintas ya estaba cerrada y el suministro, recortado, el gobierno estatal reiteró que «no existe alerta sanitaria». Ese mismo día, el gobernador ante los alcaldes habló de una «crisis de agua potable sin precedentes».

Lo que reportan los hogares

Dado que no hay datos oficiales por colonia, han sido organizaciones civiles las que reunieron la información sobre daños a la salud. En el Diagnóstico Metropolitano del IMDEC constan 1,477 reportes ciudadanos, recibidos del 11 de marzo al 14 de septiembre. En 767 de ellos (51.9 %), una persona del hogar dice haber tenido problemas de salud que vincula con el agua: de piel (66 %), digestivos (34.8 %) y oculares (18.3 %). El IMDEC advierte por su parte que la muestra no es representativa.

Hay otra cifra que retrata mejor cómo respondió la autoridad. Seis de las 784 personas que recurrieron al SIAPA por el cauce oficial obtuvieron una solución: 0.77 %. Para 99 de cada 100 que siguieron el trámite, el procedimiento no fue útil.

La CEDHJ pidió a Salud en abril cruzar sus estadísticas de enfermedades por agua con el control de calidad del SIAPA, poniendo énfasis en las colonias y en los periodos con suministro de agua no potable. Han pasado seis meses y el resultado de ese cruce no se ha publicado.

Cuántas colonias están afectadas

El gobierno no ha manejado una cifra constante de colonias con agua contaminada, y cada cálculo oficial ha quedado por debajo del que ya tenían otras instancias públicas.

En julio, la cuarta visitadora general de la CEDHJ, Katya Rico Espinoza, afirmó: «Esas 600 colonias ya las tenemos identificadas». Precisó que el organismo atiende quejas por este asunto desde 2019 y que el gobierno no ha acatado la recomendación de 2022 sobre agua turbia y escasez, según El Informador. Las zonas con más afectación están en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.

Las quejas documentadas mediante transparencia ya sumaban 475 en marzo, mientras el SIAPA admitía unas 176 colonias. Ahora hay una brecha de 258 entre las 600 colonias que cuenta la CEDHJ y las 342 que reciben descuento. El gobierno no ha dicho por qué dejó fuera a las demás y tampoco ha divulgado los análisis de calidad que sostienen su lista.

Las Pintas: cuatro años de aviso

Para el gobierno, la presa Las Pintas es el origen del problema y cerrarla es la solución. El expediente de la CEDHJ refiere otra cosa: las autoridades sabían desde hacía años que la fuente estaba contaminada.

Cuatro años atrás, con la queja 3583/2022, comenzó el trámite que derivó en la Recomendación 10/2026. La directora jurídica del SIAPA informó a la CEDHJ en abril de 2026 que había avisado al municipio de Tlajomulco sobre «la identificación de líneas sanitarias descargando aguas residuales sin tratamiento hacia el Canal Las Pintas». Es decir, el organismo operador tenía por escrito que había aguas negras llegando a una fuente de abastecimiento.

El 30 de abril, la CEDHJ envió la recomendación a varias dependencias, entre ellas el SIAPA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Salud, por violaciones a los derechos al agua potable y al saneamiento, a un medio ambiente sano y a la protección de la salud. Planteó un plan de remediación de la presa con presupuesto etiquetado y el cambio de la infraestructura en los polígonos con agua turbia.

Expansión Política informó que el gobierno anunció apenas en octubre que dejará de usar el agua de Las Pintas, seis meses después de que el SIAPA admitiera esas descargas ante la CEDHJ y de la recomendación. Tampoco ha dicho qué puntos de la Recomendación 10/2026 ha cumplido. De acuerdo con la CEDHJ, la de 2022 sigue pendiente.

Promesas con fecha de caducidad

Proceso reportó que el 23 de marzo, cuando destituyó al director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, Lemus dijo que «el SIAPA durante décadas ha tenido un abandono institucional y esto no puede seguir así» y se comprometió a «hacer una reingeniería absoluta». Designó entonces a Ismael Jáuregui Castañeda.

Entre el 6 y el 7 de octubre, siete meses después, el gobernador reconoció frente a los alcaldes de la zona metropolitana una «crisis de agua potable sin precedentes». Dio a conocer que el suministro se reduciría alrededor de 30 % y sostuvo, según los especialistas, que en «72 horas empezará a mejorar la calidad del agua», con afectaciones de «dos, máximo tres días, no más de eso» en cada colonia, de acuerdo con Proceso. Ese 7 de octubre aseguró además que el agua de la potabilizadora de Miravalle «ya no presenta color ni olor», según El Informador.

Ese diario recogió que el 10 de octubre, vecinos de Moderna, de Arcos Vallarta y de San Juan Bosco aseguraron que hubo cortes sin aviso y una mejoría casi imperceptible: «Ya no era tan penetrante. Al menos vamos mejorando». Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, calcula que el agua sucia no quedará resuelta en su municipio antes de marzo de 2027, según Milenio. Nadie del gobierno estatal ha aclarado la distancia entre las 72 horas del gobernador y los cinco meses del alcalde.

El gobierno propone hoy como solución de fondo un acueducto Chapala-Guadalajara, de cerca de dos años de obra, y no la reingeniería que ofreció en marzo. Expansión Política indicó que costará 18,000 millones de pesos estatales y que parte del financiamiento sería deuda.

Quién paga la crisis

Hasta que termine esa obra, las familias cubren el costo. Desde julio, las autoridades recomiendan comprar garrafones para beber, cocinar y lavarse los dientes. Ese gasto lo paga cada hogar, sin que el gobierno haya dado a conocer compensación alguna. El descuento de 80 % del SIAPA se aplica a dos recibos y a 342 colonias; no reintegra lo gastado en agua embotellada y no cubre a todas las colonias que la CEDHJ identifica.

La rotación del servicio inicia el 15 de octubre, según El Informador, y el gobierno no ha indicado qué colonias abrirán el esquema. Expansión Política señaló que, durante unos seis meses, el área metropolitana dispondrá de alrededor de 30 % menos agua. Quien ya pagaba por un agua que no podía usar tendrá, ahora, menos volumen disponible.

El Congreso y la rendición de cuentas

En el Congreso también se bloqueó que se rindieran cuentas. Por 20 votos contra 13, el Congreso de Jalisco rechazó el 9 de julio que Pérez Gómez compareciera. Según Crónica Jalisco, los votos contrarios fueron de Movimiento Ciudadano (11), el PAN (5), el PVEM (3) y el PRI (1).

Jáuregui Castañeda tampoco se ha presentado ante los diputados desde que dirige el SIAPA. Según ese medio, las iniciativas para auditar al organismo permanecen detenidas, y legisladores de Morena, Futuro, Hagamos y el PT señalan a MC y al PVEM como quienes las frenan. La mayoría que el 9 de julio evitó interrogar al secretario de Salud es la misma a la que se atribuye detener las auditorías, y el director del SIAPA aún no comparece.

Domingo 11 de octubre: la marcha y el gas

Convocaron a la marcha ciudadanos, colectivos de vecinos, asociaciones civiles y consejos de especialistas y activistas, sin que una sola organización la encabezara. En la cobertura minuto a minuto de El Informador se consigna que a las 12:05 h el contingente partió de la glorieta de la Minerva, con familias con infancias y personas con discapacidad en la primera fila, y hacia las 12:42 h llegó a Casa Jalisco. Para el gobierno estatal asistieron unas 10,000 personas; para Protección Civil estatal, 4,500, de acuerdo con UDG TV.

El mismo diario reportó que, hacia las 12:54 h, un grupo de manifestantes derribó las vallas colocadas ante la residencia oficial. ZonaDocs documentó que a partir de las 13:10 y hasta las 14:30 h, los antimotines de la Policía Estatal usaron gas lacrimógeno y chorros de agua de pipas para dispersar a los asistentes. Durante casi hora y media, el Estado que no asegura agua limpia en los hogares aplicó agua a presión a quienes la reclamaban.

El saldo, en dos versiones

El comunicado del gobierno, que cita El Informador, da un saldo de 39 detenidos (21 hombres y 18 mujeres), 28 policías heridos y 31 civiles atendidos médicamente. Infobae informó que dos policías están graves, y que las autoridades mencionaron lesiones como «fracturas en el cráneo, el pómulo y la nariz» y la pérdida de un dedo por desprendimiento.

Las organizaciones civiles registran otra cosa. ZonaDocs publicó que el IMDEC contó 51 detenciones hasta las 20:30 h, y familiares y colectivos dieron a conocer una lista de 52 nombres. Según Somos El Medio, las organizaciones señalaron que, sin información oficial, se trataba de desapariciones forzadas. La Fiscalía no ha aclarado la diferencia de 13 personas. Les atribuye a los detenidos «ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad»; Infobae reportó que, hasta el lunes 12, había dejado en libertad al menos a 18, que enfrentarán el proceso sin prisión preventiva.

Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), dijo: «No era justificable el uso excesivo de la fuerza. Entre 500 y mil personas resultaron afectadas por el uso de gas lacrimógeno». Según El Informador, habló además de lesionados por golpes, cartuchos de gas y balas de goma. Esa denuncia sobre balas de goma es del CEPAD y ninguna autoridad la ha corroborado.

24 Horas recogió el relato de Margarita Mora: Mariana, persona no binaria y bióloga marina, sufrió fractura de nariz, de acuerdo con los informes médicos que recibió la familia, y ahora se desplaza en silla de ruedas. «Ella no estaba agrediendo a nadie, no estaba rompiendo nada... solo estaba protestando para que todos tengamos agua digna en Guadalajara».

También resultaron heridos periodistas. De acuerdo con Somos El Medio, Mario Carbajal sufrió una herida en el rostro por «el impacto directo de una bomba de gas lacrimógeno lanzada por elementos de seguridad». El Universal informó que Gustavo Morales tuvo lesiones en la nariz y la boca, presuntamente por una bomba de gas, y que Mario Antonio López acabó con el rostro ensangrentado, presuntamente por un golpe en la cabeza. Entre las fuentes consultadas, oficiales, periodísticas o de derechos humanos, ninguna menciona personas fallecidas.

El «grupo de choque»: una versión sin pruebas

Según el gobierno, hubo dos manifestaciones. Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad, dijo: «Lamentamos que la violencia ocasionada por este grupo de choque empañara una protesta legítima». Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad, habló de «un bloque compuesto por alrededor de 400 personas, la mayoría encapuchada o con el rostro parcialmente cubierto». Según el comunicado que recogió El Informador, los integrantes de ese bloque lanzaron cloro contra los agentes, junto con cohetones y bombas de gas, y la policía contestó con «el uso escalonado de la fuerza».

Lemus repitió ese planteamiento el lunes: «Llegó a Casa Jalisco un grupo de choque de aproximadamente 400 personas que tenían la intención de generar violencia a fin de quitarle legitimidad a una marcha verdaderamente ciudadana», declaró a 24 Horas. Milenio recogió que también dijo: «He ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso». O sea, el gobernador manda indagar a la policía y a la vez presenta como probada la versión de su gobierno sobre los manifestantes.

Hasta la publicación de esta nota, el gobierno no había mostrado pruebas públicas que identifiquen a esas 400 personas, ni había dicho cuántos de los 39 detenidos pertenecen a ese grupo. ZonaDocs informó que había detenidos de perfiles variados: jóvenes, profesores, estudiantes, trabajadores, artistas e integrantes de colectivas feministas.

Quedan interrogantes sin respuesta en la versión oficial. El gobierno no ha explicado cómo, si la fuerza se aplicó contra un bloque violento de 400 personas, el gas afectó a entre 500 y mil, según el CEPAD, ni cómo tres periodistas quedaron con heridas en el rostro. Tampoco ha explicado por qué sus cifras de detenidos difieren de las listas de las familias.

Lo que dijeron otras autoridades

La presidenta Claudia Sheinbaum tomó distancia. Contralínea recogió que dijo «Nosotros no estamos de acuerdo con la represión», y que pidió a Jalisco aclarar el motivo de las detenciones y dar a conocer los nombres de los detenidos. MVS Noticias reprodujo otra frase suya: «una cosa es contener y otra cosa es reprimir».

La CNDH reprochó los «medios coercitivos y represivos para la dispersión violenta de manifestaciones», informó Proceso. Según El Informador, la CEDHJ envió 16 observadores y abrió el acta de investigación 41. Recibió cinco quejas por abuso de autoridad contra la Policía Estatal y dictó medidas cautelares dirigidas a la Vicefiscalía de Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad.

Lo que dice la ley

La Constitución, en su artículo 4, obliga al Estado a garantizar agua «suficiente, salubre, aceptable y asequible». Esa obligación, en Jalisco, tiene responsables identificables: el gobernador Pablo Lemus Navarro, el SIAPA, bajo la dirección de Ismael Jáuregui Castañeda, la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Gestión Integral del Agua, además de la Secretaría de Salud, que está a cargo de Héctor Raúl Pérez Gómez.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación General 15, establece que el agua debe carecer de microorganismos y sustancias peligrosas y, asimismo, «debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico». Infobae informó que en agosto el Pleno de la Suprema Corte ordenó asegurar 100 litros diarios de agua potable por persona a habitantes de Ecatepec, con un abasto «suficiente, continuo y de calidad». En Guadalajara, la recomendación oficial vigente desde julio es evitar el agua de la llave incluso para lavarse los dientes, y desde el 15 de octubre habrá menos.

En cuanto a la protesta, esto dispone la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza:

• Artículo 27. «Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito».
• Artículo 28. Si la manifestación pasa a ser violenta, los policías deben actuar de forma gradual, por niveles de fuerza.
• Artículo 31. En los planes operativos debe haber agentes capacitados para negociar y para dialogar con los líderes de la manifestación.
• Artículo 32. Todo uso de la fuerza debe reportarse con detalle; son responsables los superiores que supieran o debieran saber de un uso ilícito y no lo impidieran ni lo denunciaran.

Al momento de esta publicación, el gobierno de Jalisco no había dicho si había negociadores frente a Casa Jalisco, quién dio la orden de emplear el gas ni si existen los reportes exigidos por el artículo 32. Con esa ausencia de respuestas, la cadena de mando del operativo del domingo no está identificada.

Cronología de la crisis

Lo que el gobierno de Jalisco no ha respondido

1. El motivo por el que no declaró alerta sanitaria, pese a que Salud detectaba diarreas sobre la media desde febrero y aconsejó no usar el agua de la llave.
2. A qué colonias llegó agua de Las Pintas y por cuánto tiempo.
3. Dónde se encuentran los análisis de calidad del SIAPA por colonia.
4. El criterio con que se formó la lista de 342 colonias con descuento, frente a las 600 que identifica la CEDHJ.
5. Cuáles puntos de la Recomendación 10/2026, y de la de 2022, ha cumplido.
6. Qué colonias abrirán la rotación del 15 de octubre.
7. El número real de detenidos el 11 de octubre, su identidad y cuántos formaban parte del supuesto grupo de 400.
8. Quién ordenó usar el gas, si hubo negociadores y si existen los reportes que exige el artículo 32.
9. La fecha en que Jáuregui Castañeda y Pérez Gómez acudirán ante el Congreso.

Por unos seis meses, la zona metropolitana de Guadalajara tendrá alrededor de 30 % menos agua. La fuente cuyo uso suspendió el gobierno en octubre de 2026 había sido motivo de una queja ante la CEDHJ en 2022, cuatro años antes. En paralelo, 39 personas fueron detenidas tras la marcha por agua limpia, y el gobierno no ha respondido las preguntas anteriores.