El gobierno de Donald Trump puede seguir deportando migrantes a países que no son el suyo mientras la Suprema Corte de Estados Unidos analiza la legalidad de esa política. El máximo tribunal lo resolvió el martes 29 de septiembre. México es el destino que más pesa en la cuenta: AP informó que la mayoría de las alrededor de 25,000 personas expulsadas de esa manera, repartidas en más de dos docenas de países, fue enviada a territorio mexicano.
La orden, de pocas líneas y sin fundamentos, suspende lo dictado por un tribunal de menor rango, que había detenido los traslados. NPR reportó que las tres integrantes del ala liberal disintieron y que la Corte fijó para diciembre la audiencia con argumentos orales. Las partes deberán discutir si los tribunales de menor rango podían dictar medidas con alcance nacional, si la política es legal y si vulnera el debido proceso o la Convención contra la Tortura.
Estos daños no pueden deshacerse
El caso del juez Murphy
Con esta decisión, el juez federal Brian Murphy, de Boston, suma su tercer intento frustrado ante la Corte por detener las deportaciones. Murphy argumentó que el debido proceso se viola porque los detenidos no reciben notificación suficiente. En febrero de 2026 declaró ilegal una directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su fallo exigía comunicar por escrito, en un idioma que la persona comprenda, a qué país se la enviaría, preguntarle si teme algo en ese lugar y examinar su caso cuando manifieste temor. Chequeado informó que el Primer Circuito de la Corte de Apelaciones ratificó la sentencia el 19 de septiembre.
El procurador general John Sauer calificó la política de «una herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros, incluidos algunos de los peores criminales extranjeros». Su petición de emergencia, presentada el 24 de septiembre, decía: «Aunque ciertos extranjeros puedan beneficiarse de dilatar su expulsión, la Nación no», según NPR. Esa misma fuente indicó que el DHS sostuvo que las trabas impuestas por el juez inferior produjeron una pesadilla logística, con vuelos cancelados y posibles choques diplomáticos.
Trina Realmuto, abogada de los demandantes, expuso en sus escritos casos de golpizas, agresiones sexuales, desapariciones y detenciones arbitrarias y prolongadas. «Estos daños no pueden deshacerse», escribió, según NPR.
México, sin acuerdo público
The Deportation Project, una investigación que cita Chequeado, contó 25,447 personas enviadas a terceros países desde el 20 de enero de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026. México recibió cerca del 79 %. Third Country Deportation Watch, proyecto conjunto de Human Rights First y Refugees International, estima que unas 20,000 personas no mexicanas llegaron al país del 20 de enero de 2025 al 15 de agosto de 2026. Su cálculo parte de datos del Instituto Nacional de Migración (INM) que obtuvo por solicitudes de información hasta junio, más una proyección para los meses siguientes. Las autoridades mexicanas no publican esos números, pero sí los de connacionales repatriados.
Tampoco se conoce un convenio por escrito. En mayo, Human Rights Watch documentó que ni el gobierno estadounidense ni el mexicano han hecho público el entendimiento que sustenta los traslados. El Departamento de Justicia, añadió, aludió en marzo de 2026 a un «acuerdo vigente (no escrito)» con México, y bajo ese esquema el ICE había deportado a unos 6,000 cubanos en el último año. HRW también contabilizó 12,977 deportados de terceros países recibidos por México de enero de 2025 a marzo de 2026; 4,353 de ellos eran cubanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum describe la recepción como un acto humanitario. El 24 de junio de 2025 declaró, según Infobae: «Se les recibe, se ve si quieren irse a su país de origen. Si es así, se les traslada, y si no, se busca la manera de incorporarlos». En cuanto al concepto de tercer país seguro, afirmó: «México no ha firmado nada de eso».
Si los deportados son mexicanos, la posición es otra. La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo el 21 de agosto que su gobierno acata las decisiones migratorias ajenas, «pero que no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México», de acuerdo con Forbes. Chequeado citó cifras de 2026 de mexicanos que Estados Unidos deportó a otros países: 2,284 a Guatemala, 365 a Honduras y 11 a Costa Rica.
Cómo se recibe a los deportados
Los expulsados se entregan en la frontera norte. HRW describió que el INM los traslada en autobuses durante dos o tres días, sobre todo hacia Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), y en menor medida a Palenque y Tenosique. Un funcionario mexicano explicó a la organización que se busca desalentar el regreso al norte. A la salida reciben un permiso de unos 10 días para regularizarse y la sugerencia de solicitar refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Según un análisis del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), el proyecto de presupuesto 2026 da 109 millones de pesos a la Comar, cuando el año previo fueron poco más de 47 millones, y 1,961 millones al INM, contra 1,700 millones. HRW apunta que en 2023 la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) puso más del doble de recursos que el gobierno federal en la Comar. Washington aportó a ACNUR México 46 millones de dólares en 2023, 50 millones en 2024 y apenas 8 millones en 2025, indicó HRW. La organización constató demoras largas en los trámites de solicitud, aun cuando la ley otorga 30 días hábiles para iniciarlos.
El 26 de agosto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reportó que los centros de recepción levantados en la frontera norte para los mexicanos deportados quedaron casi sin uso desde abril, mes en que Estados Unidos empezó a llevarlos por aire al interior del país. Quienes provienen de otras naciones son enviados al sur. En Tapachula, según el mismo informe, el INM los retiene en la estación Siglo XXI; no hay para ellos vías reales de regularización y tampoco pueden salir de Chiapas mientras dura el plazo para regularizarse.
Qué sigue
Hasta que la Corte escuche los argumentos en diciembre y emita sentencia, las deportaciones a terceros países continuarán sin las salvaguardas que había dispuesto Murphy. Por otro lado, The Washington Post revisó documentos internos que Chequeado cita: el gobierno de Trump destinó unos 410 millones de dólares a pactos con 31 países hasta fines de junio, entre ellos Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras. México no ha divulgado en qué términos admite a extranjeros no mexicanos.