Agua café, amarilla o negra sale de las llaves de cientos de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara desde finales de febrero. El 11 de octubre, un domingo, miles de personas caminaron desde la Minerva hasta Casa Jalisco para reclamar agua limpia, y fueron dispersadas con gas lacrimógeno y chorros de agua a presión. El artículo 4 constitucional reconoce el derecho humano al agua. Ese derecho y el de protestar sin sufrir agresiones no son concesiones del poder, y el gobierno de Pablo Lemus tiene que responder por ambos: no garantizó el primero durante más de siete meses y manejó el segundo, en una sola tarde, con gas.
Siete meses de agua turbia
El SIAPA reconoció en marzo que cerca del 10 % de sus 1,840 colonias tenía agua café y con mal olor, y señaló como causa descargas irregulares en el Sistema Antiguo, vigente desde 1956. Una solicitud de transparencia mostró quejas en 475 colonias de enero de 2025 a enero de 2026, mientras el organismo admitía 176. La Junta de Gobierno amplió a 342 las colonias que reciben un descuento de 80 %; figuran Providencia, Country Club, Chapalita Sur y Jardines del Bosque Centro. La CEDHJ, que recibe quejas desde 2019, dice tener identificadas 600. El problema no se limita a la periferia.
Que no exista una cifra oficial de dermatitis no exculpa a nadie; medirla es tarea de Salud Jalisco.
Mediciones de investigadores de la UdeG arrojaron una turbiedad de hasta 40 unidades; el límite de la NOM-127 es 3. Un monitoreo ciudadano, con respaldo técnico del ITESO y de Resistencia Civil por el Valle, halló cloro residual en niveles inadecuados en 41 de 42 muestras. También detectó E. coli en 2 de 21 pruebas bacteriológicas, una bacteria que, de acuerdo con las normas sanitarias, no debe haber en el agua potable.
Las autoridades de salud han dado mensajes contradictorios. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, afirmó en julio que «no existe un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis o padecimientos en la piel». Pero su dependencia pidió beber agua de garrafón o embotellada, y también usarla para cocinar, preparar alimentos e incluso lavarse los dientes.
Datos de la propia Secretaría de Salud aparecen en la Recomendación 10/2026 de la CEDHJ: hasta la semana epidemiológica 7, los casos de enfermedad diarreica aguda del área metropolitana se ubicaban por encima del promedio de los últimos siete años desde la semana 6, aunque sin alcanzar la zona de brote. Sobre la piel hay casos documentados. Una vecina de Jardines del Bosque recibió betametasona inyectable por una urticaria aguda. Además, en una consulta ciudadana del IMDEC, sin carácter de muestra representativa, 66 % de los testimonios sobre daños a la salud corresponden a problemas de piel: comezón, dermatitis y ronchas. Que no exista una cifra oficial de dermatitis no exculpa a nadie; medirla es tarea de Salud Jalisco.
Responsabilidades pendientes
Lemus destituyó en marzo al director del SIAPA, Antonio Juárez, y declaró que «el SIAPA durante décadas ha tenido un abandono institucional y esto no puede seguir así». El sucesor, Ismael Jáuregui Castañeda, asumió el 1 de abril y desde entonces no se ha presentado ante los diputados; en julio faltó por tercera vez a la Comisión de Hacienda. La oposición de MC y del PVEM mantiene frenadas las iniciativas para auditar al SIAPA.
En julio la votación fue de 20 contra 13: MC, PAN, PVEM y PRI rechazaron que el secretario de Salud compareciera ante el Congreso. De acuerdo con la CEDHJ, el gobierno incumple la recomendación que recibió en 2022. En octubre, Lemus calificó la situación como «una crisis de agua potable sin precedentes».
La marcha del domingo
Así lo informó el propio gobierno: la marcha «se realizó de manera pacífica y ordenada, convocando a alrededor de 10 mil ciudadanos». Alrededor de las 12:54 h, algunos manifestantes quitaron las vallas colocadas alrededor de Casa Jalisco. Después, de las 13:10 a las 14:30 h, la multitud fue dispersada por antimotines de la Policía Estatal con gas lacrimógeno y agua a presión.
Mario Carbajal, periodista, terminó en el hospital con lesiones en el rostro, producto del impacto directo de una bomba de gas que lanzaron elementos de seguridad. La Fiscalía reconoce 39 detenidos, y las organizaciones cuentan entre 51 y 52. Amnistía Internacional denunció «uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas». Según la madre de Mariana Jovel Mora, varios policías la tiraron al suelo y la patearon en repetidas ocasiones; tiene fractura nasal. El CEPAD atribuye a la policía el uso de balas de goma, algo que ninguna autoridad ha confirmado. Ninguna fuente consultada informa de muertos.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza lo establece de forma explícita: «Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito». Cuando una manifestación se torna violenta, la norma pide agentes capacitados para negociar; cada agente que emplee la fuerza debe rendir un reporte pormenorizado, y los superiores que sepan de un uso ilícito y no lo impidan ni lo denuncien son responsables.
La versión del gobierno
Entre los policías hubo veintiocho heridos; dos, de gravedad, con fracturas de cráneo, pómulo y nariz y el desprendimiento de un dedo. Esa violencia existió y debe ser juzgada. Según su versión, Lemus atribuye los hechos a unas 400 personas encapuchadas que llevaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas. El gobernador no ha presentado pruebas públicas que las identifiquen. Las familias de los detenidos hablan de jóvenes, profesores, estudiantes, trabajadores y artistas.
Que un grupo haya agredido no autoriza a gasear a toda la marcha, que salió de la Minerva con familias con niños y personas con discapacidad en primera fila, ni a los periodistas que la cubrían. La CNDH condenó que se recurriera a «medios coercitivos y represivos para la dispersión violenta de manifestaciones». La presidenta Claudia Sheinbaum marcó la diferencia: «una cosa es contener y otra cosa es reprimir».
También hay avances que reconocer. Las primeras acciones de fondo son suspender el uso del agua de Las Pintas y negociar obras con la Conagua; llegaron, no obstante, tras más de siete meses de reclamos y bloqueos en la ciudad. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, prevé que la solución no llegue antes de marzo de 2027.
Lo que se exige
Se exige al fiscal Salvador González de los Santos que publique en 48 horas los nombres de todos los detenidos, aclare por qué la Fiscalía cuenta 39 y las organizaciones hasta 52, y deje en libertad a quienes carezcan de imputación sustentada. Se exige al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, que entregue a la CEDHJ en diez días los reportes pormenorizados que manda la ley y que identifique a quien ordenó el uso del gas. Y se exige al gobernador que dé a conocer los videos cuya revisión ordenó y las pruebas del «grupo de choque», o que retire la acusación.
Se pide además que Ismael Jáuregui comparezca ante el Congreso antes del 15 de octubre, fecha en que arranca el programa de rotación del servicio. El Congreso debe destrabar las iniciativas para auditar al SIAPA, y el organismo y Salud Jalisco deben publicar cada semana los análisis de calidad por colonia, junto con los datos de enfermedad diarreica y dermatitis. Por último, las autoridades sanitarias federales, que son las únicas facultadas para emitir una alerta sanitaria según la Coprisjal, tendrían que decir si la emitirán.