El pleno del Senado dio luz verde el 30 de septiembre a una reforma contra la piratería que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y que en redes y en tribuna se conoce como «Ley antimemes». En el texto de esa ley de propiedad industrial se inserta el artículo 403 Bis. De acuerdo con Excélsior, prevé de uno a cinco años de cárcel, con una multa de entre 1,000 y 10,000 UMA, para quien emplee, copie, remede o integre a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios o documentos oficiales, con el propósito de provocar error o engaño y así cometer un ilícito. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.
Las bancadas de Morena, PT y Partido Verde respaldaron la reforma. El Universal contó 72 sufragios en favor y 34 en contra. En el registro de Excélsior y Político MX los apoyos fueron 68, con esos mismos 34 opositores. Entre quienes se opusieron, junto con PAN, PRI y MC, figuró el senador verde Luis Armando Melgar.
aquí nadie va a ir a la cárcel, nadie por hacer un meme
El contenido del 403 Bis
Este análisis parte del texto que publicaron Excélsior y Político MX. Esos medios no concuerdan sobre lo sucedido en el pleno. El Universal reportó que la mayoría oficialista presentó una reserva para precisar el dolo en el 403 Bis; Político MX, que el pleno dejó el artículo sin modificar. Será la minuta que llegue a Diputados la que fije el texto.
El pleno no recibió lo que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum. Político MX indica que el paquete original contemplaba penas de tres a siete años. Tres comisiones (Justicia, Economía y Estudios Legislativos, Primera) rebajaron la sanción a entre uno y cinco años y acotaron la conducta con modificaciones planteadas por Javier Corral, quien preside la Comisión de Justicia. Según esos cambios, el uso tiene que perseguir que se engañe sobre el origen oficial de un documento, una comunicación, una plataforma o un sistema informático, y debe estar vinculado a un ilícito. La multa se mantuvo.
La primera frase del tipo penal enumera cuatro acciones: utilizar, reproducir, imitar o incorporar. Con una sola se cumple el supuesto, así que no se necesita calcar un logotipo; la imitación también entra.
El segundo elemento, «a escala comercial», es, según la mayoría, lo que distingue una operación de fraude de la actividad de quien usa redes. Según el análisis de Político MX, el artículo no explica qué significa esa escala ni qué abarca la «identidad gráfica», aparte de los elementos oficiales de las instituciones públicas. Sin definición legal, fiscales y jueces tendrán que resolver cuánto volumen o alcance la constituye.
El tercero, «inducir al error o engaño», describe lo que se pretende lograr: que una persona crea oficial algún sitio, mensaje o papel. El cuarto, «con la intención de cometer un ilícito», introduce el dolo. Como el Código Penal Federal rige de manera supletoria en los delitos de leyes especiales, se aplica su artículo 9, que considera dolosa la conducta de quien sabe qué elementos componen el tipo penal, o prevé el resultado típico como posible, y aun así quiere o acepta que suceda. Aquí la intención no es genérica: tiene que dirigirse a cometer un ilícito, y probar ese propósito corresponde al Ministerio Público.
El texto se refiere a «un ilícito» y no a un delito específico. En tribuna, el morenista Cuauhtémoc Ochoa afirmó que «aquí nadie va a ir a la cárcel, nadie por hacer un meme». Según El Universal, enumeró como requisitos la escala comercial, hacer pasar algo por oficial para engañar y la intención de cometer un fraude. Sin embargo, el artículo que reseñan Excélsior y Político MX no habla de fraude: abarca cualquier ilícito.
Lo que depende de la autoridad
Ninguna excepción expresa figura en el dictamen. Ricardo Anaya, quien coordina a los senadores del PAN, había pedido antes del pleno una salvedad explícita para periodistas y parodias, de acuerdo con Político MX. El texto aprobado no la incluye. María de Jesús Díaz Marmolejo, del PAN, señaló que la reforma recurre a conceptos amplios, como «identidad gráfica» y «escala comercial», sin dejar fuera de modo explícito a la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes, el periodismo ni el arte.
Su correligionaria Guadalupe Murguía advirtió, según Excélsior, que aunque la reforma no castiga de manera específica los memes ni la sátira, su redacción podría dejar los contenidos de crítica política a merced de lo que interpreten las autoridades. Desde la tribuna, Manuel Añorve, que coordina a los senadores del PRI, planteó: «¿Quién va a decidir cuándo una parodia, deja de ser parodia y se convirtió en un intento de engañar?», según El Universal. Melgar afirmó que «cuando está de por medio la libertad, la ley tiene que ser precisa», de acuerdo con Político MX.
Del lado de la mayoría, la respuesta fue que lo sancionado es la suplantación. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, morenista que preside la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, afirmó según El Universal que criticar, satirizar y debatir en público son propios de una democracia, y que fingirse institución para engañar es otra cosa. Corral dijo que, «con la modificación, queda claro el alcance del delito», que «consiste en usar la identidad gráfica con el fin de engañar a la población para la comisión de un ilícito, no con fines políticos», según Excélsior.
La discusión alcanzó su punto más tenso cuando Lilly Téllez, del PAN, proyectó una parodia política y se refirió a legisladores como «narcopolíticos». De acuerdo con El Universal, Ruth González Silva, senadora del Verde y esposa de Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, la acusó de amenazas y dijo que presentará una denuncia penal contra ella.
La discrepancia en los votos y el paso por Diputados
Hay una brecha de cuatro votos entre las dos cifras publicadas: 72 y 34 dan 106 senadores; 68 y 34, 102, de un pleno de 128. Ninguna nota explica a qué se debe, e Infox no pudo consultar la votación nominal oficial del Senado. El desenlace no varía, pues las leyes secundarias se reforman por mayoría simple y ambas sumas la rebasan por mucho.
La votación dejó también un reclamo dentro de la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC, señaló que Alejandro Moreno, presidente del PRI, y Añorve no tomaron parte en el voto, según Político MX.
En San Lázaro, la Cámara de Diputados hace de revisora. Conforme al artículo 72 de la Constitución, tiene tres caminos. Puede avalar la minuta tal como llegó y remitirla al Ejecutivo para que se publique; puede desecharla, con lo que regresa al Senado acompañada de observaciones; o puede modificarla, y entonces el Senado solo discute los artículos reformados. Por esa última vía podrían entrar los planteamientos de la oposición que la mayoría desestimó en el Senado: precisar «escala comercial» e «identidad gráfica» y sumar salvedades expresas para sátira, parodia y periodismo.
Ninguna de las notas consultadas da fecha para el dictamen en Diputados. El periodo ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre. Lo que no se resuelva para entonces quedará para el periodo siguiente, que arranca el 1 de febrero con el proceso electoral federal de 2027 en curso.