Al responder el jueves 8 de octubre en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la nota del diario The Wall Street Journal (WSJ), aunque no refutó su planteamiento central. El periódico asegura que, durante una reunión en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó a sus colaboradores de seguridad por los planes de congelar cuentas bancarias de exfuncionarios relacionados con el gobierno de Baja California, antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionara, y que al final dio su aval. «Siempre regaño a todo mundo», contestó. No habló de forma específica de la reunión ni del congelamiento de cuentas.
El WSJ publicó su texto el 7 de octubre. En su resumen, Vanguardia señala que, según el diario, Sheinbaum pidió explicaciones a miembros de su gabinete por el plan de congelar esas cuentas y fue especialmente crítica con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con ese relato, la presidenta planteó la duda de si México debía dar por sentado que Washington tenía pruebas sólidas de los vínculos delictivos de esas personas. Las fuentes del periódico afirman que finalmente autorizó el congelamiento para no perjudicar la cooperación con Estados Unidos.
no tiene nada que ver con que hubo una molestia mía
Qué respondió la presidenta
Sheinbaum centró su respuesta en dos asuntos: el trato con García Harfuch y la credibilidad del periódico. El Universal la cita así: «No, no es regaño. Mi equipo sabe que siempre les digo: “no hay que ser autocomplacientes”». Del diario, afirmó: «¡Pero sale en el Wall Street Journal! ¡Por Dios! O sea, viven de la mentira, del chisme».
Según Milenio, llamó al reportaje «pura especulación» y, en el mismo intercambio, dijo estar «muy satisfecha, contenta, muy positiva de los dos años» de gobierno. Vanguardia registra que la presidenta aclaró que revisar el trabajo de su equipo «no tiene nada que ver con que hubo una molestia mía» y que en la nota «no hay nada de fondo». En el minuto a minuto de Ámbito, la respuesta se ubica hacia las 12:28 h, con otra frase contra el diario: «Ya nadie los lee».
Sheinbaum negó estar molesta con el secretario de Seguridad y desacreditó el reportaje de forma general, sin tratar los hechos concretos. Vanguardia lo deja asentado: Sheinbaum «no se refirió de manera específica al congelamiento de cuentas bancarias ni confirmó o descartó que hubiera ocurrido la reunión descrita por el diario estadounidense».
Las sanciones del 29 de septiembre
El contexto que reconstruye el WSJ se apoya en un documento. Fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Tesoro, la que anunció sanciones contra la dirigencia del Cártel de Sinaloa y sus redes de corrupción el 29 de septiembre. El listado comprende 21 personas y 25 empresas. Una de ellas es Ismael Zambada Sicairos, «Mayito Flaco», a quien el Tesoro identifica como jefe de la facción de Los Mayos desde que su padre fue detenido en 2024.
Entre los sancionados figura Carlos Alberto Torres Torres, quien fue esposo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena, gobernadora de Baja California. El Tesoro lo ubica en el centro de un esquema que llama «narcocorrupción». Su comunicado lo describe como operador político ligado al cártel y aliado de Juan José Ponce Félix, «El Ruso», que emplea su influencia para proteger a la organización de la intervención de autoridades en el estado.
También aparece en la lista Pedro Ariel Mendívil García, quien fue director de Seguridad Pública de Mexicali; el Tesoro lo acusa de recibir sobornos de «El Ruso» para que el cártel controlara la policía municipal. A Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, se le señala por recibir sobornos y lavar dinero mediante empresas y campañas políticas. En mayo de 2025, recuerda el Tesoro, el Departamento de Estado revocó la visa de Carlos Torres. El documento afirma además que el esquema alcanzó los niveles más altos del gobierno estatal y no nombra a la gobernadora.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, añadió un mensaje para México. El comunicado sostiene que la acción prueba que ningún capo, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero queda fuera del alcance de su dependencia. Nada en el texto indica coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni con otra autoridad mexicana.
El bloqueo en México
Uno TV reportó que la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, incluyó ese mismo día en su Lista de Personas Bloqueadas a 21 personas físicas y 25 empresas, a raíz de la designación de la OFAC. Entre ellas están Zambada Sicairos y Carlos Alberto Torres Torres. La dependencia aclaró que «esta acción administrativa no representa una determinación de responsabilidad penal», y añadió que quienes están en el listado pueden hacer valer su derecho de audiencia y recurrir a los medios legales correspondientes.
La medida coincide con la determinación que el WSJ atribuye a Sheinbaum. Públicamente, el gobierno no ha explicado con qué criterio se decidió bloquear las cuentas de los hermanos Torres Torres ni las de los demás señalados, ni si en la reunión que describe el diario se debatió la solidez de las pruebas de Washington.
Baja California y la FGR
La respuesta del gobierno de Baja California llegó ese mismo día. De acuerdo con Expansión, el gobierno estatal precisó que «están legalmente divorciados», en referencia a la gobernadora y a Torres Torres, y que su único vínculo es el bienestar de su hijo. Agregó que ella no figura entre los sancionados por la OFAC, que solicitó a la Oficialía Mayor revisar si las empresas señaladas tuvieron contratos con el Ejecutivo estatal y que «las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes».
Carlos Torres ya estaba bajo investigación federal. En enero, la propia gobernadora confirmó que lo investiga la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. Afirmó que no intervendría en el proceso.