La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 2 de octubre un grupo de trabajo encargado de redactar un decreto. Este impondría a las plataformas la «detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia», según el comunicado de Presidencia. La norma sería un decreto del Ejecutivo, no una ley aprobada por el Congreso. En el equipo que la elabora participan el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Además del CNI y la ATDT, el grupo reúne a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a instituciones académicas; lo coordina la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Sheinbaum dijo en su conferencia matutina: «El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso; es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales».
Tiene que haber una limitación en las plataformas de la propagación de acoso, de abuso sexual
La propuesta surgió a un día del ataque a la Escuela Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila. Según Uno TV, dos agresores mayores de edad mataron a la subdirectora Neri Edith Nevárez González y dejaron cuatro heridos. El Universal fecha el hecho el 1 de octubre y cuenta que los agresores, dos hermanos de 18 años, habían subido antes a redes videos donde exhibían armas. Para el diario, es el cuarto ataque de jóvenes contra maestros o compañeros en una escuela durante este gobierno.
Lo que falta por definir
El único criterio del comunicado oficial es el de contenidos que «inciten directamente a la violencia». El documento no indica quién decidirá cuándo una publicación rebasa ese límite ni a qué plataformas se aplicará la norma. Tampoco fija el plazo para retirar un contenido ni las sanciones por no hacerlo. Queda sin explicar qué implica el «reporte»: si las empresas solo avisarán de lo retirado o si darán a las autoridades datos de quienes publicaron. Sobre la coordinación, el texto solo habla de «mecanismos de coordinación con las autoridades competentes».
Con el paso de los días, la medida creció. El Universal reportó que Sheinbaum fijó para el jueves 8 de octubre la presentación del decreto, que sumará el acoso, el abuso sexual y la difusión de contenido abusivo. «Tiene que haber una limitación en las plataformas de la propagación de acoso, de abuso sexual», afirmó. Agregó que «las redes sociales tienen una responsabilidad» por ser el principal medio de comunicación de los jóvenes. El mismo diario consigna que funcionarios federales buscarían a las empresas esa misma semana. La presidenta dijo esperar que acepten, pero advirtió que las medidas se aplicarán de todas formas.
La detección es la parte técnica que menos se aclara. El Foro Global de Internet contra el Terrorismo (GIFCT) cuenta con una base de datos de hashes que las grandes plataformas ya comparten para localizar material extremista. Según la descripción del propio GIFCT, el sistema emplea huellas digitales de videos, imágenes y documentos, entre ellas hashes perceptuales que reconocen contenido visual o estructuralmente similar.
Sin embargo, solo se nutre de material ya catalogado que se atribuye a entidades terroristas o extremistas violentas. Los videos nuevos, entre ellos los que según El Universal subieron los agresores de Torreón, no figuran en ninguna base previa; para detectarlos hacen falta clasificadores automáticos o revisión humana, con los criterios que cada empresa fija en sus normas comunitarias. El anuncio no precisa si el gobierno aportará criterios o listas propias de contenido para esa labor.
En otros lugares, este tipo de obligaciones se aprobó en los congresos. En la Unión Europea, la moderación se rige por la Ley de Servicios Digitales, un reglamento que añade obligaciones para los servicios que superan los 45 millones de usuarios al mes en la UE, según la Comisión Europea.
El CNI y el monitoreo en redes
El comunicado de Presidencia contiene además compromisos que rebasan lo que se exigirá a las empresas. De acuerdo con el texto, la SSPC, que encabeza Omar García Harfuch, «mantiene monitoreo permanente en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento».
El texto también prevé reforzar la investigación en fuentes abiertas para «reconstruir la actividad digital relacionada con una amenaza, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios» y establece que «con apoyo del CNI se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos para identificar patrones, amenazas o posibles llamados a cometer actos de violencia». No alude a controles judiciales ni a límites de tiempo para ese seguimiento.
El Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) fue reemplazado por el CNI en 2018, y este depende de la SSPC como órgano desconcentrado. El Congreso aprobó en julio de 2025 una nueva ley del sistema de investigación e inteligencia y una nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el Diario Oficial publicó el 16 de julio de ese año. Esas normas dieron al CNI mayores facultades para obtener información pública y privada) y acceso a la Plataforma Única de Identidad. Partidos de oposición y organizaciones civiles las rechazaron porque aumentan la capacidad de vigilancia del Estado.
Desde su creación el 1 de enero de 2025, la ATDT, que dirige José Antonio Peña Merino, concentra la política de telecomunicaciones del gobierno federal. Ni el comunicado ni lo dicho después precisan qué papel tendrá en la aplicación del decreto.
Antecedentes y qué sigue
En materia federal, lo más parecido a un deber de retirar contenidos es la «notificación y retirada» que prevé, desde 2020, la Ley Federal del Derecho de Autor. R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, advirtió el 25 de septiembre que una reforma a esa ley, discutida en la Cámara de Diputados, podría «incentivar el monitoreo de la actividad en línea, la eliminación preventiva de contenidos». R3D criticó en octubre de 2025 la reforma al Código Fiscal, que exige a los servicios digitales dar al SAT acceso «en línea y en tiempo real» a su información y contempla el bloqueo temporal de quienes incumplan.
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, afirmó que las plataformas tienen que hacerse responsables de los contenidos de violencia y probar que serán espacios seguros para menores. El programa «ABC de las emociones» de la SEP se reforzará con asambleas de padres de familia y buzones confidenciales que sirvan para detectar situaciones de riesgo, indicó Presidencia.
El gobierno también anunció que promoverá reformas legales sobre el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales. Estas sí requieren la aprobación del Congreso, a diferencia del decreto. Hasta que se conozca el texto del decreto, previsto para el 8 de octubre, no se sabrá cómo se define «contenido violento», en qué plazos se retirarán las publicaciones ni qué atribuciones concretas tendrán el CNI y la ATDT.