Google acudió el 29 de septiembre al Tribunal General de la Unión Europea, en Luxemburgo, con dos recursos contra resoluciones de la Comisión Europea dictadas en julio. Una obliga a la empresa a ceder datos anonimizados de búsqueda a buscadores y chatbots competidores; la otra, a permitir que asistentes de IA rivales usen las 11 funciones de Android que hoy emplea Gemini, según The Next Web. Google pidió además medidas cautelares que suspendan la orden sobre datos de búsqueda mientras dure el proceso.
Si el tribunal no interviene, los calendarios siguen en pie. El intercambio de datos debe empezar en enero de 2027, y Android tiene que abrirse como máximo el 1 de agosto de ese año.
obligarnos a compartir estas consultas personales sin salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad de los usuarios
La Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) rige desde noviembre de 2022. Nunca aclaró cuánto puede exigir un regulador a una plataforma dominante cuando le ordena entregar a sus rivales aquello que le da ventaja. El litigio actual gira en torno a quién podrá competir en la búsqueda con IA y en los asistentes de los teléfonos.
Lo que ordenó la Comisión
La Comisión abrió dos procedimientos de especificación el 27 de enero de 2026. Con ese recurso de la DMA, el regulador define de forma concreta qué debe hacer un guardián de acceso para cumplir con sus obligaciones. Los procedimientos terminaron el 16 de julio, con dos decisiones vinculantes.
La primera desarrolla el artículo 6(7), que exige una interoperabilidad efectiva con las funciones del sistema operativo. Según la ficha de la Comisión, se trata de 11 funciones de Android ordenadas en cuatro grupos: invocación, contexto, acciones sobre apps y sistema, y acceso a recursos. Incluyen la escucha continua de la palabra de activación, el control automatizado de la pantalla y los modelos de IA que funcionan dentro del propio aparato.
Android 18 debe traer la mayor parte de ellas, con límite el 1 de agosto de 2027. Para que varios asistentes detecten a la vez sus palabras de activación, el plazo se extiende hasta Android 19, y vence el 1 de agosto de 2028. Cinco funciones se califican como sensibles, y en ellas Google podrá fijar condiciones de elegibilidad objetivas.
Según explicó la Comisión, un usuario podría llamar por voz al asistente que elija, igual que hoy dice «Hey Google», y encargarle que pida un taxi o sugiera contestaciones dentro de una conversación.
La segunda decisión se funda en el artículo 6(11). Por esa norma, el buscador designado tiene que compartir datos anonimizados de clasificación, consultas, clics y visualizaciones, bajo condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Entre los beneficiarios, el documento técnico de la Comisión enumera a los chatbots de IA que ofrecen búsqueda.
Tres requisitos deben cumplir los competidores que quieran los datos. Han de llevar al menos dos años operando en la UE, o bien haber reunido más de 50 millones de euros de capital cuando son de creación más reciente. Deben contar con un promedio de 50,000 usuarios mensuales en la Unión. Y tienen que tratar la información dentro del Espacio Económico Europeo, o bajo garantías equivalentes a las del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
La anonimización borra identificadores como las direcciones IP y elimina las consultas demasiado extensas o con términos raros. Cada usuario se integra a un grupo de al menos 1,000 personas con la misma ubicación, dispositivo e idioma; 95 % de ellos queda en grupos de 25,000 o más. Los historiales de búsqueda y los datos de las cuentas no forman parte del paquete.
Google entregará los datos con una demora mínima de siete días. Su uso queda limitado a mejorar servicios de búsqueda, lo que abarca la fundamentación de lo que responden los chatbots. No pueden servir para entrenar modelos de IA de propósito general, perfilar consumidores ni optimizar publicidad. Como precio, Google podrá cobrar sus costos incrementales más un rendimiento razonable, sin pasar del costo de capital de Alphabet.
Las posturas de las partes
Según The Next Web, Oliver Bethell, director sénior de competencia de Google, afirmó que «obligarnos a compartir estas consultas personales sin salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad de los usuarios». Para la compañía, abrir Android también debilitaría la seguridad de los teléfonos, según The Next Web.
Google señaló en un comunicado: «Estamos apelando decisiones que nos obligarán a compartir el historial de búsqueda privado de las personas». Reuters recogió el texto y menciona a OpenAI entre quienes podrían aprovechar los datos.
Un vocero de la empresa defendió su petición cautelar con el argumento de que esas medidas «se aplican a casos que presentan un riesgo de daño grave», y sostuvo que la orden sobre datos crea tal riesgo para la privacidad de los usuarios europeos, informó Yahoo Finance.
Por su parte, la Comisión sostuvo que sus decisiones «toman en cuenta las funciones de seguridad y la protección de los datos personales de los usuarios finales», de acuerdo con esa misma fuente. El regulador subraya que diseñó el método de anonimización junto con especialistas en privacidad y que este responde al borrador de directrices conjuntas sobre cómo se relacionan la DMA y el RGPD. Una evaluación independiente lo revisará y podría llevar a modificaciones. Además, Google tiene la facultad de negar los datos a compañías que impliquen graves riesgos de ciberseguridad o privacidad.
DuckDuckGo se situó junto al regulador. Dijo que las reglas de anonimización son sólidas y que el recurso solo servirá para que Google gane tiempo, según The Next Web.
Antecedentes: las multas de la DMA
Alphabet recibió la designación de guardián de acceso el 6 de septiembre de 2023. La ley se aplica a ocho de sus servicios, como el buscador, Android, Chrome y Google Play. El sitio oficial de la DMA indica que las sanciones alcanzan hasta 10 % de los ingresos globales anuales, y hasta 20 % ante una reincidencia, según el sitio oficial de la DMA.
En abril de 2025 llegaron los primeros castigos, cuando la Comisión multó a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones. Siete días después de dictar las órdenes hoy recurridas, el 23 de julio de 2026, la Comisión sancionó a Google con 890 millones de euros. La suma se compone de 460 millones por dar preferencia a sus propios servicios en los resultados del buscador y de 430 millones por vetar que los desarrolladores de Google Play avisaran de ofertas más baratas fuera de la tienda.
Qué sigue
El recurso, por sí solo, no frena las decisiones. Antes de la sentencia de fondo, solo un fallo sobre las medidas cautelares podría congelar la orden de compartir datos.
La Comisión mantiene entre tanto su calendario. Según el documento técnico, Google debe preparar el conjunto de datos anonimizados y sus especificaciones técnicas a los cuatro meses de la decisión, hacia noviembre de 2026, y completar su oferta de precios a los seis meses, en enero de 2027. Antes de recibir los datos, y luego como mínimo una vez por año, los beneficiarios deberán aprobar una auditoría independiente.
El plazo de Android llega al 1 de agosto de 2027. Contra la sentencia del Tribunal General cabe un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, la instancia final del bloque.