La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo el jueves 29 de octubre a Rosa Alejandra «N», secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de la investigación del asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
Según la Fiscalía, la detención se realizó en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes ministeriales cumplieron una orden de cateo autorizada por un juez, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. La funcionaria quedó a disposición de la jueza de control que la requirió, quien resolverá su situación jurídica.
Qué se le imputa
El encubrimiento por favorecimiento consiste, en términos generales, en ayudar a una persona a eludir la acción de la justicia después de cometido un delito. La FGE no ha precisado públicamente qué conducta concreta atribuye a la funcionaria. La detenida goza de la presunción de inocencia mientras un juez no resuelva lo contrario.
De acuerdo con reportes difundidos tras la detención, la secretaria es madre de un escolta del alcalde asesinado que se encuentra preso por el homicidio. Formaba parte del círculo cercano de Manzo y del gabinete de la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz García, viuda del alcalde, quien asumió el cargo tras el crimen.
Un día antes, el miércoles 28 de octubre, Juan Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano del alcalde asesinado, la había incluido en una lista de integrantes del entorno de la alcaldesa que, a su juicio, debían ser investigados.
La respuesta de la alcaldesa
Grecia Quiroz acusó a la Fiscalía de usar la investigación con fines político-electorales para desarticular a su gobierno y al Movimiento Independiente del Sombrero, la agrupación que encabezaba Manzo. En un posicionamiento difundido el mismo jueves, afirmó que su administración ha colaborado con las autoridades y que corresponde a estas explicar el motivo de la detención. «Si hay alguien interesada en que se esclarezca este caso, precisamente soy yo», dijo.
La alcaldesa también afirmó que recibió información sobre intentos de bloquear carreteras e infiltrar personas en la marcha por la justicia y la paz convocada para el 1 de noviembre, cuando se cumple un año del asesinato. No presentó pruebas de esos señalamientos.
La tensión entre el ayuntamiento y la Fiscalía venía de días atrás. La FGE advirtió que la alcaldesa podría ser detenida si no entregaba los teléfonos celulares de Carlos Manzo, que forman parte de la investigación, y confirmó que no los había recibido. Quiroz, por su parte, pidió ante la Cámara de Diputados que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
En qué va la investigación
De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, el caso suma 34 personas detenidas, entre ellas el presunto autor intelectual, y registra un avance de 90 % en las indagatorias. La dependencia no ha explicado qué falta para concluir la investigación ni cuándo prevé darla por cerrada.
El caso tiene además un componente electoral. Michoacán renovará la gubernatura en 2027 y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ya fijó los topes de gastos de precampaña y de respaldo ciudadano para ese proceso.
Lo inmediato son dos plazos. Conforme al artículo 19 de la Constitución, la jueza de control tiene 72 horas, ampliables a 144, para resolver si vincula a proceso a la funcionaria a partir de que fue puesta a su disposición. Y el domingo 1 de noviembre está convocada la marcha en Uruapan al cumplirse un año del crimen.
