Desde 2020, el 12 de octubre es el Día de la Nación Pluricultural. En esa fecha, cinco creadores de pueblos originarios pidieron al Estado algo distinto de la tutela: presupuesto, materiales y acceso a mercados. El Universal recogió sus testimonios, que coinciden con una discusión presupuestal en curso. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 crea una Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII) con 221.8 millones de pesos y aumenta 18.2 % en términos reales los recursos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).
Alfredo Guzmán Cayetano es poeta y cineasta mazahua, y su libro Te encontraré en el bonrro, Mizhokjimi mío salió con la UNAM en 2026. Noé Martínez, de ascendencia huasteca, trabaja como artista visual y cineasta; estuvo en la Bienal de Venecia de este año. Claudia Marinclán, artista escénica de origen jñatrjo y náhuatl, fue becaria de Creadores Escénicos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) 2022-2023. Esteban Bartolomé Segundo Romero es poeta y promotor cultural mazahua. Christian Ortiz Eleno es cartonero de segunda generación y suma 24 años de oficio.
Es recuperar una ideología, una cosmovisión, una experiencia de vida
Entre los problemas del apoyo institucional, los cinco señalan el utilitarismo, la perpetuación de clichés y el paternalismo.
Las demandas de los creadores
Para Guzmán Cayetano, las instituciones encierran la identidad indígena en una sola categoría. Al diario le dijo: «Detrás de la palabra indígena hay estereotipos raciales, económicos y culturales muy presentes». Apuntó que México tiene 68 pueblos, cada uno una nación distinta, y que los apoyos se concentran en el sur, mientras que en el centro y el norte del país los pueblos reciben menos atención. Agregó: «Hay algo de paternalismo muy fuerte en el gobierno todavía, pensando que necesitamos ser salvados, pero en realidad necesitamos las condiciones para crear, para hacer, para vender, para levantar». Cuestionó asimismo la noción de mestizaje, que a su juicio es una mentira que le conviene al país.
Los datos censales ayudan a entender esa concentración. En el comunicado que publicó con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el INEGI contó 7,364,645 hablantes de lengua indígena de tres años o más, y 50.5 % de ellos vive en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. Quienes se autoidentifican como indígenas son muchos más: 23.2 millones de personas, 19.4 % del total en ese rango de edad, y 69.2 % de ellas no habla una lengua originaria. El instituto contabiliza 68 lenguas indígenas en uso. Las más habladas son el náhuatl, con 22.4 %, el maya, con 10.5 %, y el tseltal, con 8.0 %.
Para Noé Martínez, el discurso cultural y la política pública no van al mismo paso: «Estamos a muchos años de que la política pública se refleje con el discurso cultural». Consideró «muy incipientes» las políticas vigentes y afirmó que «después de varios años vamos a saber qué tanto aportan o no». Admitió que al artesano que vende en espacios como Original o Los Pinos a un precio «justo, entre comillas» le va bien, pero sostuvo que eso queda lejos de asegurar el desarrollo y la continuidad de las artes propias. Sobre los gestos simbólicos, dijo sin rodeos: «Quitar un nombre de la calle es uno de los ingredientes para guisar, pero no tenemos un platillo si los otros elementos no están».
Según Segundo Romero, los pueblos originarios necesitan presupuesto para investigar y para producir materiales didácticos dirigidos a docentes y niños. «Nos falta mucho por hacer, por ejemplo, recuperar nuestra historia, que es netamente oral», expresó.
Visibilidad y folclorización
Marinclán consideró positivo que se dé visibilidad a comunidades que requerían atención y a la preservación de costumbres, tradiciones y rituales, aunque advirtió: «Siento que eso también enmarcaba mucho la creación a un sistema cerrado». En su opinión, no se veía la posibilidad de romper esa estructura, «como si la población indígena no tuviera miles de formas para desarrollarse y muchos lenguajes». Respecto de la recuperación de las lenguas originarias, dijo que va más allá del idioma: «Es recuperar una ideología, una cosmovisión, una experiencia de vida».
Ortiz Eleno reconoció el interés de las autoridades por reincorporar las lenguas originarias, pero señaló que, para algunas de ellas, los pueblos están mejor «detrás de un aparador». Alertó además sobre la folclorización: «Muchos pueblos por querer sacar recurso, están intentando regresar a sus raíces, pero desde un punto de vista folclorizado, sin usos y costumbres, sin tradiciones». Y agregó: «La historia es contada por los vencedores, pero el tiempo le da la razón a los vencidos».
Qué propone el presupuesto 2027
Según el análisis de Excélsior, el proyecto de gasto que llegó a la Cámara de Diputados daría a la Secretaría de Cultura federal 15,858 millones de pesos, contra 15,082 millones en 2026, lo que equivale a un aumento real de 1.9 %. Una de las novedades es la UCVPII, a cargo de Diego Prieto, con 221,751,000 pesos.
Fonart pasaría de 139.5 a 170.2 millones de pesos. El diario atribuye el aumento, en parte, a que el fondo administrará el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Fonart es un fideicomiso público del Gobierno federal y se presenta como el organismo rector de la actividad artesanal. Su mandato formal coincide con una de las demandas de los entrevistados: acompañar a los artesanos desde la producción hasta la comercialización.
Los cambios varían por institución. El análisis calcula una disminución real de 2.9 % para el INBAL y de 2.2 % para el INAH. La Subsecretaría de Desarrollo Cultural bajaría de 692.8 millones a 184.4 millones de pesos. Excélsior no detalla cuánto de los recursos de la UCVPII irá a becas, investigación o materiales, los rubros que piden los creadores.
El marco legal y lo que sigue
La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas entró en vigor en enero de 2022. Con ella, las comunidades tienen reconocida la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos y expresiones tradicionales, y quien quiera usarlos requiere su consentimiento libre, previo e informado. La apropiación indebida está tipificada en el artículo 74, y el artículo 75 la sanciona con dos a ocho años de prisión. El texto protege el patrimonio contra usos indebidos y no crea un fondo propio. Su segundo transitorio indica que los gastos derivados de su aplicación se cubren con el presupuesto aprobado de las dependencias.
El PEF 2027 debe aprobarlo la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre; hasta entonces se sabrá si la UCVPII y el aumento a Fonart mantienen sus montos.
Las cifras son las del proyecto que envió el Ejecutivo y pueden modificarse durante la discusión legislativa.