Donald Trump insistió en que podría no haber acuerdo: «Estoy pensando que quizá no podamos llegar a un acuerdo, preferiría no tener el T-MEC», recogió Aristegui Noticias. Más que la frase, preocupa el formato que ya tiene la revisión de 2026: conversaciones aparte con cada socio y un tratado que se examina todos los años. México no debería negociar bajo ese esquema si antes el Senado no define un mandato público, con objetivos medibles y una lista de lo que el gobierno está dispuesto a ceder.
Cómo cambió la revisión
Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2020, el T-MEC preveía una revisión conjunta al sexto año. México y Canadá plantearon alargar su vigencia por 16 años más; Estados Unidos no aceptó y propuso diez años de vigencia con una revisión cada año, hasta 2036, según la misma nota. Washington resolvió además negociar de manera bilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum lo admitió así: «por el momento lo que decidió Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México; nosotros tenemos conversaciones, todavía no llegamos a acuerdos».
Lo que no puede quedar en reserva es qué busca el país, qué acepta poner sobre la mesa y cómo se medirá si se logró
En la mañanera de este lunes, Sheinbaum respondió a Trump que cerrar la revisión no significa dar por terminado el tratado, ya que es una ley que aprobaron los congresos de los tres países. También habló de «avances significativos» con Washington, de acuerdo con la transmisión que reseñó Uno TV.
La tesis de la presidenta y sus límites
En lo formal, Sheinbaum está en lo cierto: el tratado sigue en pie mientras ninguna parte lo denuncie. Sin embargo, el artículo 34.6 del propio T-MEC autoriza a cualquiera de los tres países a salirse con seis meses de aviso por escrito. La vigencia legal ofrece poca protección si la contraparte dice en público que preferiría no tener el acuerdo.
Las revisiones anuales causan daño aun si el tratado sigue. Las inversiones de una planta automotriz o de una acería se calculan a diez o veinte años. Si la negociación se reabre cada doce meses, cada ciclo abre la puerta a nuevas exigencias y la incertidumbre se vuelve permanente. Para quien busca presionar, esa incertidumbre es una palanca.
México solo ante Washington
Por diseño, el T-MEC es un tratado regional: sus reglas de origen se calculan sobre la producción de los tres países, comenzando por el 75 % de contenido regional que se exige a los autos. Dividir la negociación en dos mesas rompe esa lógica y le quita a México un contrapeso que tenía en la revisión, la posición compartida con Canadá en favor de prolongar el tratado 16 años. Con dos mesas, Washington puede aprovechar lo que ceda uno de los socios para presionar al otro.
Existe un segundo problema. El 9 de octubre, Sheinbaum expuso como argumento comercial una reducción de 98 % en el cruce de personas por la frontera y una caída de 75 % en el decomiso de fentanilo en Estados Unidos, con la meta de que bajen los aranceles a autos y acero. México también quiere recortar los de aluminio y evitar nuevos mientras dure la revisión. Poner resultados en migración y seguridad sobre la mesa comercial puede rendir en el corto plazo, pero los vuelve moneda de cambio. Con revisiones anuales, esa moneda se exigirá cada año, y el Senado tendría que saber cuánto se ofreció y a cambio de qué.
La objeción más sólida
Negociar exige discreción. Mostrar las líneas rojas debilita a quien lo hace, y un acuerdo bilateral podría traer a México beneficios sectoriales más pronto que una mesa trilateral detenida. Es un argumento serio, que se debe tomar en cuenta, aunque confunde la táctica con los objetivos. Resulta razonable que el negociador reserve hasta dónde cederá en cada tema. Lo que no puede quedar en reserva es qué busca el país, qué acepta poner sobre la mesa y cómo se medirá si se logró.
El Congreso zanjó ese dilema desde 2004. La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica dispone que el Senado pida, al iniciar cada periodo ordinario, un informe con «las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo», los beneficios esperados y un programa de negociación con calendario. La ley permite crear una subcomisión plural de seguimiento, obliga a rendir informes periódicos y autoriza a las comisiones a citar a comparecer a funcionarios. Establece también que ciudadanos, empresas y sindicatos pueden opinar ante el Senado, y que esas comunicaciones serán públicas salvo disposición legal en contrario.
Lo que debe exigirse
El Senado debería usar esas atribuciones en el periodo de sesiones en curso. Primero, pedir a la Secretaría de Economía el informe que la ley contempla para la revisión del T-MEC, con objetivos precisos: qué nivel de arancel busca México para autos, acero y aluminio, y en cuánto tiempo. Segundo, constituir la subcomisión plural de seguimiento y programar comparecencias públicas. Tercero, solicitar al Ejecutivo que explique su estrategia ante las revisiones anuales, si volverá a procurar la extensión de 16 años, y que presente una lista de los compromisos de migración y seguridad que ya se pusieron sobre la mesa. Cuarto, aprobar un punto de acuerdo con aquello que el Senado considere innegociable.
Negociar con estas reglas no pone en peligro los intereses de México. El peligro está en entrar a diez años de revisiones anuales sin que el Senado ni la ciudadanía conozcan lo que se discute en cada una.